¿Cazar deepfakes o silenciar periodistas? El debate sobre la Ley Serrano en México

En México, la regulación de la inteligencia artificial avanza a distintas velocidades según el estado. Mientras varias regiones han introducido cambios en sus códigos penales para penalizar el mal uso de estas tecnologías, San Luis Potosí ha optado por un enfoque controvertido con la llamada "Ley Serrano". Esta norma, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, busca castigar la difusión de contenidos generados o manipulados con IA que puedan generar alarma social, desinformación o suplantación de autoridades. Sin embargo, su redacción ha encendido un debate sobre si realmente protege a la ciudadanía o, por el contrario, limita derechos fundamentales como la libertad de expresión.

La ley define la inteligencia artificial de manera amplia, abarcando desde algoritmos hasta redes neuronales capaces de crear textos, imágenes o audios con apariencia real. Bajo este paraguas, se tipifican tres delitos principales: la difusión dolosa de desinformación con IA, la manipulación institucional (como falsificar declaraciones de autoridades) y el uso no autorizado de la imagen o voz de una persona. Las penas oscilan entre uno y seis años de prisión, con multas que pueden superar los 10.000 euros, y se agravan si los contenidos se difunden en medios masivos, redes sociales o durante procesos electorales.

Un equilibrio difícil entre seguridad y derechos

Los defensores de la norma argumentan que llena un vacío legal necesario. En un país donde no existe una regulación federal sobre IA, prácticas como los deepfakes para extorsión, fraudes o difamación ya son una realidad. La ley, en teoría, protegería bienes jurídicos como la privacidad o la seguridad pública. Pero sus críticos —entre ellos periodistas, activistas y organismos internacionales— advierten que su redacción es demasiado ambigua. ¿Dónde queda la línea entre un contenido falso y una sátira, una investigación periodística o una crítica política? La norma excluye expresamente estos casos, pero su aplicación podría dejar margen a interpretaciones arbitrarias.

El riesgo, señalan expertos como el académico Jersain Llamas, es que una ley con objetivos legítimos termine siendo un instrumento de censura. Por ejemplo, un periodista que utilice IA para recrear un testimonio en una investigación podría ser acusado de "provocar alarma social". O un activista que denuncie corrupción con un vídeo editado artificialmente podría enfrentar cargos por "manipulación institucional". La falta de precisión en los términos —como "alarma" o "desconfianza en las instituciones"— abre la puerta a que las autoridades decidan qué contenidos son permitidos y cuáles no, sin garantías claras para los ciudadanos.

Qué significa para tu negocio

Aunque esta ley se aplica en México, es un recordatorio de cómo la regulación de la IA puede afectar a cualquier pyme, incluso en España. Si tu empresa usa herramientas de IA para crear contenidos —desde imágenes para redes sociales hasta audios para formación—, debes extremar las precauciones. Por un lado, evita difundir materiales que puedan interpretarse como falsificaciones de declaraciones de clientes, proveedores o autoridades. Por otro, documenta siempre el consentimiento explícito si utilizas la voz o imagen de personas reales, incluso en contextos internos. En sectores como la construcción o los servicios técnicos, donde la reputación es clave, un error podría derivar en demandas o pérdida de confianza. La solución no es evitar la IA, sino usarla con transparencia: etiqueta los contenidos generados, verifica las fuentes y, si trabajas con clientes en otros países, infórmate sobre sus normativas. La tecnología avanza más rápido que las leyes, pero la prudencia nunca pasa de moda.